COMUNICADO VIOLENCIA OBSTÉTRICA. 14 de julio de 2021

// Salud Mental Perinatal
La Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) y la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES) tras la lectura y análisis del comunicado publicado por la CGCOM del pasado 12 de julio quieren expresar su sorpresa y malestar por el contenido del mismo.

La Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) y la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES) tras la lectura y análisis del comunicado publicado por la CGCOM del pasado 12 de julio quieren expresar su sorpresa y malestar por el contenido del mismo.

Sin negar que son muchas y muchos las profesionales sanitarios que prestan asistencia a la mujer en sus procesos de salud sexual y reproductiva, con un trato ético, humanizado y aplicando intervenciones basadas en la evidencia científica, consideramos que es responsabilidad de las instituciones sanitarias, los colegios profesionales, las asociaciones científicas y los propios profesionales sanitarios, la defensa y utilización de prácticas clínicas basadas en la evidencia y la denuncia de aquellas prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de las y los pacientes y sus familiares durante el ejercicio profesional sanitario. En este sentido, las profesiones sanitarias no están exentas de este tipo de prácticas, y negar este hecho sería negar que los seres humanos somos imperfectos. Del mismo modo, la denuncia debe ir acompañada de un análisis de las causas y mantenedores (estructurales, actitudinales, formativos, etc.) que puedan facilitar la prevención futura de estas actuaciones.

Aunque actualmente no existe un consenso sobre la definición de “violencia obstétrica”, organismos internacionales como la OMS resaltan la naturaleza fisiológica del parto y su condición de hecho psicológico singular. No obstante, reconocen que muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante sus procesos reproductivos; en especial en el embarazo, parto y puerperio; un maltrato que se desarrolla en el contexto sanitario y que puede constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

La evidencia científica en torno al problema de la violencia obstétrica es cada vez mayor y ello contribuirá a lograr una mejor definición, medida y comprensión de su magnitud para establecer estrategias que ayuden a prevenirla y erradicarla. En este sentido, en lugar de rechazar la posibilidad de que se están produciendo estas actuaciones en nuestros servicios de atención médica, optamos por observar lo que nos dicen las evidencias científicas al respecto.

En un reciente estudio sobre la violencia obstétrica en España (Mena-Tudela et al., 2020), se analizó las respuestas de casi 17.500 mujeres, de las 17 comunidades autónomas, y el principal hallazgo es que el 38,3% de las participantes percibe haber sufrido violencia obstétrica y 54,5% sintió que la atención recibida la hizo sentirse insegura, vulnerable, culpable o incapaz. El artículo concluye que en nuestro país existe “un serio problema de salud pública y de respeto a los derechos humanos en cuanto a la violencia obstétrica”.

El impacto en la salud física y emocional de la mujer que ha sufrido algún tipo de violencia obstétrica es todavía difícil de determinar dada la dificultad que supone evaluar sus dimensiones. No obstante, la práctica de algunas técnicas como, las episiotomías sin consentimiento (o no justificadas), intervenciones dolorosas sin anestésicos u obligar a parir en una

determinada posición podría tener consecuencias negativas para la salud de la mujer, del mismo modo, proveer una medicalización excesiva, innecesaria o iatrogénica podría generar complicaciones graves. Además, esta violencia también puede ser psicológica, como por ejemplo dar a la usuaria un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante o despersonalizado, lo que podría generar un fuerte impacto en su salud emocional. En mayor grado, algunos estudios han descrito consecuencias psicológicas graves como el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) tras vivir un parto traumático, el cualcuál podría estar relacionado con las acciones y omisiones del personal sanitario que lo atendió.

Debido a las serias consecuencias que estas prácticas tienen para la mujer y para su descendencia y pareja, en un momento tan importante para sus vidas, los y las profesionales sanitarios (e instituciones sanitarias), debemos garantizar la existencia de mecanismos de supervisión que ofrezcan seguridad a los profesionales y a sus pacientes, así como garantizar la utilización de procedimientos médicos basados en la evidencia científica que además cuenten con una necesaria perspectiva de género.

Debemos escuchar lo que la mujer opina, desea y necesita para sentirse segura y, en gran medida, este ejercicio depende del profesional sanitario que la atiende.

Gracias a la reivindicación de los derechos de las mujeres y sus bebés, al sentido crítico de muchos profesionales sanitarios y a la sensibilización de la sociedad en general, hemos conseguido avances importantes en el ámbito de la salud reproductiva y perinatal en nuestro país. Estos avances nos permiten ofrecer un trato cada vez más humanizado y menos instrumentalizado pero, todavía siguen existiendo dificultades en generalizar y diseminar estas actuaciones en todos los lugares y por parte de todos los profesionales sanitarios.

La Violencia contra la mujer existe en nuestra sociedad y en todas las instituciones que la componen, incluyendo la sanitaria. Por este motivo, la Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) y la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES) seguirán trabajando conjuntamente para avanzar en el conocimiento científico y la mejora constante en el ámbito de la salud mental perinatal desde una perspectiva biopsicosocial y siempre desde la autocrítica, la humildad, la humanidad y la colaboración.

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